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La LORAFNA y competencias adicionales: la STS 258/2024 de 15 de febrero.

La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), promulgada en 1982, constituye una pieza singular dentro del mosaico jurídico español que rige las relaciones entre el Estado y sus comunidades autónomas. Esta ley no solo reconoce y amplía el régimen foral específico de Navarra, sino que también establece un marco único de autogobierno que se distingue por los derechos históricos de la región.

Una peculiaridad destacada de la LORAFNA es que se configura como una norma estatutaria con un estatus especial reconocido por la Constitución Española de 1978. A diferencia de los estatutos de autonomía de otras comunidades, la LORAFNA se basa en la disposición adicional primera de la Constitución, que protege los derechos históricos de los territorios forales, y en el acuerdo económico y fiscal especial que Navarra mantiene con el Estado, conocido como el Convenio Económico.

La singularidad de la LORAFNA y su marco especial de autonomía si bien resalta la singularidad de modelo de autogobierno en España, también puede ser fuente de complejos desafíos interpretativos y legales. Un claro ejemplo de esto es el reciente conflicto resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2024 relativa a la validez del Real Decreto 252/2023, que propone el traspaso de competencias de tráfico y circulación de vehículos a motor de la Guardia Civil a la Comunidad Foral de Navarra.

El debate se centra en si la Comunidad Foral posee, bajo el amparo de su derecho histórico y la LORAFNA, las competencias necesarias para asumir dichas funciones de tráfico y por tanto es válido un simple Real Decreto que materialice el acuerdo, o si se requiere una reforma de la LORAFNA o la aprobación de una ley orgánica específica conforme al artículo 150.2 de la Constitución Española para legitimar tal traspaso.

Origen del conflicto

El conflicto se origina en la disputa sobre la validez del Real Decreto 252/2023 de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor y su acuerdo complementario que establece el traspaso de ciertas funciones de la Guardia Civil a la Comunidad Foral de Navarra.

JUCIL, representando a los intereses de los miembros de la Guardia Civil, interpone recurso contencioso-administrativo argumentando que dicho traspaso excede el marco competencial permitido sin una reforma legal adecuada o la creación de una ley orgánica que lo avale.

El Decreto impugnado no solo establecía el marco para el traspaso de ciertas competencias en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, sino que también detallaba el proceso para la implementación progresiva de estas competencias, especificando un período de transición de cuatro años en el que la Guardia Civil, en coordinación con la Policía Foral, seguirá desempeñando funciones de vigilancia y control del tráfico.

Fundamentos de la Impugnación

La principal línea argumentativa de JUCIL se centra en cuestionar el rango normativo del Real Decreto 252/2023 para efectuar el traspaso de competencias a Navarra, argumentando que, de no poseer previamente tales competencias, sería necesario reformar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA).

En este sentido, JUCIL detalla la evolución del derecho histórico y las competencias sobre tráfico en Navarra, destacando normativas y convenios previos que, a su juicio, demuestran que la Comunidad Foral no poseía las competencias ahora traspasadas. El recurso hace énfasis en la interpretación del marco constitucional y estatutario, argumentando que la transferencia de competencias excede lo establecido en la LORAFNA y en la Constitución, requiriendo para ello una reforma legislativa adecuada.

Respuesta de la Abogacía del Estado y la Comunidad Foral de Navarra

Frente a la impugnación, tanto la Abogacía del Estado como la Comunidad Foral de Navarra defienden la validez del Real Decreto 252/2023. Sostienen que Navarra ya ejercía competencias en materia de tráfico, basadas en derechos históricos, y que el decreto y su acuerdo complementario simplemente formalizan estas competencias. Este argumento se apoya en la interpretación de que las competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos forman parte del marco de derechos históricos de Navarra.

Juicio de la Sala Tercera y conclusión

La Sala, tras examinar el fondo del asunto, concluye que la LORAFNA no otorga de manera explícita a Navarra las competencias que actualmente ejerce la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El debate se centra, por tanto, en si para asumir estas funciones y servicios relacionados con el tráfico y los vehículos a motor, Navarra requiere únicamente el Acuerdo de traspaso por ostentar ya dicha competencia como parte de su Derecho histórico, o si, por el contrario, necesita reformar la LORAFNA conforme a su artículo 71 o promulgar una ley de transferencia conforme al artículo 150.2 de la Constitución.

La Sala analiza la situación desde la perspectiva de las competencias que Navarra tenía en materia de tráfico y vehículos a motor al momento de promulgarse la LORAFNA, apelando al Derecho histórico de Navarra para atribuir competencias. Se hace referencia a las sentencias 219 y 379/2018, que examinan competencias históricas similares, para establecer criterios de interpretación dinámica y no estática de los derechos históricos.

La Sala identifica que aunque exista un ámbito de competencias «mezcladas y difícilmente diferenciables» entre las funciones históricas de Navarra y las estatales, la realidad es que la competencia en materia de tráfico ha sido ejercida principalmente por la Guardia Civil, con la Policía Foral desempeñando una función más auxiliar o colaborativa. Ello supone que al momento de promulgarse la LORAFNA, Navarra no tenía una competencia plena en estas materias que incluyera las funciones específicas de la Guardia Civil en tráfico, sino que se limitaba a funciones de colaboración o cooperación.

Por tanto, la Sala determina que no es posible emplear un real decreto de traspaso para atribuir a Navarra una competencia no reconocida explícitamente en la LORAFNA ni amparada por su Derecho histórico. Para asumir dichas competencias de manera formal, se debería proceder a reformar la LORAFNA o mediante la promulgación de una ley orgánica conforme al artículo 150.2 de la Constitución. Esto resuelve el litigio en contra de las pretensiones de la Comunidad Foral de Navarra y de la interpretación que tanto esta como la Abogacía del Estado hacían sobre la capacidad de Navarra para asumir las competencias impugnadas mediante el acuerdo de traspaso cuestionado.

Oportunidades amplias en la oposición: Un vistazo a la participación en las pruebas selectivas de 2023

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En un mundo cada vez más competitivo, donde miles de aspirantes luchan por asegurar un puesto en la administración pública, un fenómeno interesante ha salido a la luz en las recientes pruebas selectivas convocadas por la Resolución de 20 de enero de 2023 de la Secretaría de Estado de Función Pública. Los datos provisionales revelan que, a pesar de la alta cantidad de individuos que inicialmente mostraron interés en las oposiciones, el porcentaje real de aquellos que efectivamente se presentaron a los exámenes ha sido sorprendentemente bajo, sugiriendo una amplia ventana de oportunidad para los opositores serios y dedicados.

Tomando como ejemplo el primer ejercicio de Gestión de la Administración Civil del Estado por turno libre, de los 19.556 aspirantes que echaron instancia, solo 10.588 (54%) se presentaron al primer ejercicio, y aún menos, 8.850 (45%), avanzaron al segundo. En el caso de la promoción interna, de 3.460 aspirantes, los presentados fueron 1.704 (51%) en el primer ejercicio, incrementándose curiosamente a 2.161 (62%) en el segundo. Estas estadísticas indican que, si bien hay un número elevado de personas que se inscriben para participar en las oposiciones, una porción significativa opta por abstenerse a medida que el proceso avanza.

El escenario fue similar en otras áreas. En la oposición de General Administrativo, de una asombrosa cifra de 64.300 aspirantes, solo 35.765 (56%) se presentaron al ejercicio único. Aún más impactante fue la participación en Auxiliar Administrativo, donde de 46.916 inscritos, únicamente 19.924 (42%) tomaron parte en el proceso.

Presentados a las pruebas selectivas

Pero, ¿qué significa esto para los actuales y futuros opositores? Principalmente, estas cifras revelan una dicotomía entre la aspiración y la participación. Muchos candidatos podrían echar instancia motivados por la seguridad laboral y las prestaciones asociadas con el empleo público, pero varios factores podrían estar influyendo en su decisión final de no presentarse, como la subestimación del compromiso y la preparación requerida, la presión de la competencia, o circunstancias personales imprevistas.

En este contexto, existe una clara señal de aliento para aquellos que están verdaderamente comprometidos con su preparación para las oposiciones. Con una disminución en la participación efectiva, cada aspirante serio tiene, estadísticamente, una mejor oportunidad de éxito, siempre que su preparación sea rigurosa y esté bien dirigida.

En resumen, estos datos provisionales deben servir no solo como una reflexión sobre la naturaleza competitiva y a menudo impredecible de las pruebas selectivas, sino también como un motivador para aquellos que están dispuestos a dedicar el esfuerzo y el tiempo necesarios. En la carrera hacia la función pública, la perseverancia, la preparación y la presencia son más cruciales que nunca, y aquellos que entienden esta realidad están un paso más cerca de asegurar uno de los codiciados puestos en la administración pública.

Novedades en la Oferta de Empleo Público para 2023

Novedades en la oferta de empleo público para 2023

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 ha introducido cambios significativos en lo que respecta a la oferta de empleo público. Estas novedades tienen el objetivo de consolidar y mejorar las dinámicas de empleo en el sector público.

  1. Tasa de Reposición de Efectivos: Para el año 2023, la tasa general de reposición ha sido establecida en un 110%. Aquellos sectores designados como prioritarios disfrutan de una tasa superior, con un 120%. A estos sectores se añaden las áreas de seguridad y operaciones portuarias. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las policías autonómicas y locales, cuentan con una tasa del 125%.

  2. Incorporación de Nuevos Servicios: Las plazas emergentes de la incorporación de nuevos servicios, ya sea por una normativa estatal, autonómica o local, o por la internalización de servicios, pueden ser incorporadas sin ser consideradas en la tasa.

  3. Reincorporación de Plazas Desiertas: Las plazas que no fueron ocupadas en procesos de los últimos tres años pueden ser reincorporadas a las convocatorias, pero de forma diferenciada para garantizar su seguimiento.

  4. Inclusión de Plazas Interinas y Sustitutas: Las plazas pertenecientes a personal interino y laboral sustituto nombrado durante el año pueden ser incluidas en la oferta de empleo público de 2023 o, en su defecto, en la del año 2024.

Limitación de la Temporalidad: Se ha establecido una tasa específica, bajo el artículo 20. Dos. 4 LPGE 2023, para cumplir con lo estipulado por la Ley 20/2021 de 28 de diciembre. Esto busca garantizar que la temporalidad no exceda el 8% en las administraciones públicas..

Estas medidas buscan asegurar una óptima prestación de servicios públicos, al mismo tiempo que se mantiene la estabilidad en el empleo público.

¿Cuándo saldrán las convocatorias?

Según la OEP los procesos selectivos estipulados en este real decreto deben ser publicados antes del 31 de diciembre de 2023, salvo en circunstancias excepcionales. Si las convocatorias previas al presente decreto no se hubieran completado para dicha fecha, la Secretaría de Estado de Función Pública podrá permitir la acumulación de las plazas aún pendientes con las ofertadas en el siguiente ejercicio. No obstante, a pesar de indicar eso, en ocasiones anteriores la convocatoria se ha retrasado unos meses. 

Independientemente del caso, todos los procesos selectivos deben concluir en un plazo máximo de dos años desde la aprobación del real decreto, aunque este período puede extenderse a tres años si se justifica adecuadamente.

 

Puedes ver la oferta de empleo completa en el siguiente link:

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